sábado, 6 de febrero de 2010
Prioridad manejo de basura y generación de electricidad
Por caminos distintos la EPA y el Gobierno
Fortuño propone plantas de incineración para quemar basura y generar electricidad, pero la EPA expresa que esta tecnología no es su prioridad
Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com
La propuesta de la administración Luis Fortuno de impulsar las plantas de conversión de energía para quemar basura y generar electricidad no coincide con las prioridades de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).
Esa entidad reguladora, que pasará juicio sobre las llamadas plantas “waste to energy”, prefiere enfocarse en la reducción, reúso y reciclaje de los desechos sólidos como estrategia principal para enfrentar ese problema ambiental.
El jueves la administradora de la Región 2 de EPA, Judith Enck, sostuvo reuniones separadas con representantes del gobierno y de la comunidad y, de acuerdo con su portavoz de Prensa, Bonnie Bellow, la funcionaria ha recalcado en que se aumente el reciclaje, se reduzca la generación de basura y se haga énfasis en la composta (convertir desechos orgánicos, como comida y hojarasca, en abono).
Esta versión oficial no dista de las expresiones que la funcionaria federal vertió en una reunión el jueves con líderes ambientalistas del patio.
“Lo dijo claramente: 'No creo que la incineración sea la primera línea. Si me sometes un proyecto lo voy a examinar porque no está prohibida, pero no creo que sea lo primero que se deba hacer, me parece que hay muchas otras cosas que se pueden hacer primero'”, dijo Juan Rosario, de Misión Industrial, citando a Enck.
“Dijo que, a diferencia de la anterior administración, ella no iba a fomentar las 'waste-to-energy' en Puerto Rico”, confirmó por su parte, y en entrevista separada con este diario, Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental. La reunión con los ambientalistas fue solicitada por Enck.
“Independientemente de cual sea la tecnología que se aplica, la EPA no va a estar fomentando el que se este transformando (desperdicios en energía)”, insistió Rivera Herrera. Comentó que según estimados de Enck, el proceso para establecer una planta “waste-to-energy” generalmente toma de siete a ocho años.
La EPA se comprometió con revisar cualquier propuesta que se presente para la instalación de estas tecnologías, las cuales tienen que cumplir con todos los requisitos federales, incluyendo los de emisiones al aire y manejo de cenizas, dijo Bellow a El Nuevo Día.
En sintonía la ADS
Aunque no dio muestras de que haya planes de renunciar a la idea de establecer una plana de conversión de energía, la directora ejecutiva de la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS), Rebecca Nieves, reconoció que en vista del orden de prioridades de la EPA “definitivamente tenemos que reducir, reciclar y trabajar con la composta”.
Aseguró que la ADS elabora planes con el Departamento de Educación, la Administración de Corrección y la Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) para crear proyectos, identificar necesidades y mercados que den paso a la formación de empresas nativas que suplan estas necesidades.
Paradoja en Massachussetts
Las plantas de conversión de energía utilizan procesos termales como la incineración para generar electricidad al tiempo que ayudan a minimizar el problema de la acumulación de basura.
Sin embargo, dependen de que se genere basura para operar. En contraste, los proyectos efectivos de reducción de basura y reciclaje amenazarían la operación, como ocurrió en la zona de North Androver, Massachussets.
Allí, en 1985 se instaló una planta incineradora con capacidad para 1,500 toneladas diarias. La instalación también produciría electricidad. La comunidad firmó un contrato por 20 años con la empresa que los obligaba a llevar su basura al incinerador o, de lo contrario, serían multados. Siete años más tarde la cantidad de desperdicios se redujo por la recesión económica de la década y los programas de reciclaje que habían desarrollado las comunidades. En consecuencia, algunas comunidades se vieron forzadas a pagar hasta $300,000 al año a la empresa como penalidad.
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